Fecha de publicación: 26 febrero, 2026
El oficialismo apunta a que el Congreso apruebe en marzo una nueva ley de financiamiento universitario, con el fin de “taponar” la consensuada y vigente Ley 27.795, y el jueves pasado ingresó un proyecto propio a la Cámara baja. Desde FAGDUT se rechazó de plano este nuevo atropello y al respecto nuestro Secretario General, Ricardo Mozzi, manifestó: “El Gobierno sin respetar la Constitución ni la división de poderes busca una nueva artimaña para no aplicar la Ley original, aprobada, vetada y vuelta a aprobar”.
La modificación más importante se vincula al pago de los salarios de docentes y no docentes. La ley votada por el Congreso -la 27.795- estableció que el Estado debe pagar al menos todo lo perdido por IPC desde diciembre de 2023. “La actitud del Gobierno es ‘extorsiva’ ya que llevan los salarios de los trabajadores universitarios a un límite de desesperación; ya hemos perdido hasta el año pasado 115 puntos porcentuales frente a la inflación”, enfatizó Mozzi.
“El proyecto del Gobierno solo reconoce el 12% de lo perdido por los salarios en 2025 y nada del 2024 ni 2023”, se quejó Mozzi. De esta manera, el artículo 5 de dicha propuesta fija una recomposición correspondiente a 2025 con tres aumentos del 4,1% cada uno a abonarse en 2026; en marzo, julio y septiembre, y calculados sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Dichos ajustes totalizan un 12,3%, pretendiendo convalidar con dicho porcentual un atraso al bolsillo de los docentes de un 54%.
Además, la norma obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias dentro del mes posterior a la sanción de la ley, con una periodicidad máxima de tres meses, abarcando tanto al personal docente como no docente. “El nuevo proyecto no menciona el compromiso del aumento mensual por inflación”, destacó el dirigente, y se mostró preocupado por la “falta de diálogo” del Gobierno Nacional.
Asimismo, el artículo 3° de la propuesta (que reemplaza al artículo 3° de la Ley 27.795) establece que la actualización de los gastos de funcionamiento deberá ajustarse según la inflación observada por el IPC del Indec cuando esta supere el 14,3%, porcentaje utilizado como promedio anual para la elaboración del Presupuesto 2026.
“La excusa del equilibrio fiscal de la gestión libertaria ya no la pueden sostener más”, disparó el titular de FAGDUT, y contó que la Reforma Laboral que el oficialismo impulsó “tendrá un costo fiscal altísimo”.
En este sentido, y según estimaciones del sindicato de trabajadores del ARCA, la reforma laboral tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario; es que la reducción de las contribuciones patronales, la creación de un fondo de cese laboral y los recortes impositivos previstos en el texto carga directamente contra la caja de ingresos del Estado.
La historia sin fin
Luego de una histórica marcha universitaria federal, y a raíz de la falta de respuesta del Gobierno Nacional al tema presupuestario universitario, las federaciones gremiales de los trabajadores universitarios, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo de Rectores (CIN) confeccionaron en 2024 el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario; una herramienta que buscaba afianzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua.
Al año siguiente se consiguió la aprobación de ambas cámaras. Sin embargo, junto con Discapacidad, el Financiamiento Universitario fue vetado por el Presidente. Pero en octubre del año pasado, el Congreso rechazó la medida del Ejecutivo y ordenó la implementación de la ley.
Entonces el Gobierno aplicó nuevas artimañas para no aplicarla, y el CIN presentó una medida cautelar ante la Justicia exigiendo que se efectivice la sanción del Legislativo. Allí fue cuando el juez Martín Cormick dispuso una cautelar que dejaba provisoriamente sin efecto el decreto 759/2025 firmado por Milei, ordenando aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795. Luego el Ejecutivo apeló dicha decisión de la Justicia federal.
“Como el Gobierno sabe que finalmente deberá cumplir con la obligación legal, presentan un nuevo proyecto para reformular la ley vigente”, explicó Mozzi, y llamó a “aplicar la Ley de Financiamiento original”, un “proyecto creado fruto del consenso, aprobado por los dos tercios del Congreso, respaldado por la Justicia y por la sociedad argentina”.
Desde FAGDUT sostuvieron que, junto con el Frente Sindical Universitario, continuarán con el plan de lucha para defender la universidad pública. “Estamos luchando por nuestros hijos, y por los hijos de nuestros hijos”, finalizó Mozzi.